El expresidente Carlos Mesa se solidarizó con las ocho personas que recibieron la acusación formal por parte de la Fiscalía en el caso Golpe de Estado I.

Luego de conocerse la acusación formal en contra de contra del gobernador Luis Fernando Camacho y otros siete implicados en el caso Golpe de Estado I, por parte de la Fiscalía, el expresidente Carlos Mesa acusó al gobierno de Luis Arce de reactivar una supuesta “persecución” contra opositores.

“Fue fraude, no golpe!!! Para acallar la protesta por el asalto al Órgano Judicial, el gobierno de Arce reactiva la persecución contra los opositores”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Además, el líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó que la acusación aún contemple la comisión del supuesto delito de terrorismo, que fue observado por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es un proceso rechazado por el pueblo y basado en hechos que no existieron, con pruebas fraudulentas y forzadas. (Expreso) mi solidaridad con los acusados injustamente y con los más de 200 presos políticos encerrados por voluntad de la dictadura”, agregó Mesa.

La acusación formal fue comunicada por el fiscal departamental de La Paz, William Alave en una conferencia de prensa, el martes.

Explicó que en total existen ocho personas acusadas, cuatro de ellas en calidad de autores y el Ministerio Público pidió 20 años de cárcel por supuestamente cometer el delito de terrorismo. Los acusados son Luis Fernando Camacho, Luis Fernando López, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

Carlos Mesa

Mientras que, en el caso de los investigados en calidad de cómplices, se pide una pena de acuerdo a su participación. Los implicados son: la expresidenta Jeanine Añez, el expresidente de Comcipo, Marco Pumari; el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández, y el excomandante militar Carlos Orellana.

Todos ellos están acusados por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.

El caso Golpe de Estado I, abierto a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Paty, investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. Todo ocurrió en medio de una crisis social y política que cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.