La Paz, 07 de Octubre 2020 (radiolider97.bo).- Según las investigaciones del presunto fraude electoral de las elecciones del 20 de octubre de 2019, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana encubrió la participación de un grupo de asesores mexicanos para la manipulación de los resultados de los comicios presidenciales del año pasado.

Esa información fue confirmada por el procurador General del Estado, Alberto Javier Morales, quien además señaló que trabajaban en el piso 17 de La Casa Grande del Pueblo bajo la protección del exministro de Evo Morales y tenían acceso a los servidores usados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la votación de 2019.

“Lo que hacen (los asesores mexicanos) es trabajar en el piso 17 de La Casa Grande del Pueblo, están encerrados por horas y con acceso a todos los servidores del Órgano Electoral. (…) El jefe de gabinete del Ministerio de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no solo acompaña a estos técnicos, sino que días previos a las elecciones se alojan en uno de los pisos del exhotel Radisson”, explicó la autoridad en contacto con Los Tiempos.

El mes pasado, el exprocurador José María Cabrera reveló la existencia de estos asesores que fueron parte del fraude electoral. Incluso aseguró que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), dependiente del Ministerio de Educación, encubrió a un experto en informática identificado como Paulino C.P.

La exautoridad indicó que en las investigaciones se descubrió que, pese a que el involucrado fue contratado como capacitador para impartir cursos de seguridad informática, en el calendario de la EGPP no se encontraron registros de algún curso programado o realizado por él, aunque hay recibos de pago por su trabajo.

“Hace escasos días, cuando yo todavía estaba en funciones, finalmente pudimos tener el hallazgo de la identidad del principal mexicano involucrado en el caso del fraude electoral, que es el señor Paulino C.P., quien fungía como experto en seguridad informática, contratado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional”, señaló Cabrera.

Por otra parte, Morales afirmó que se ubicaron los ambientes desde donde operaron y se alojaron durante la etapa electoral. Además, cuentan con un registro de las reuniones que sostuvieron con los exministros del anterior gobierno.

LA INSPECCIÓN

La inspección técnica ocular del caso fraude I continuó este martes. Se revisaron los ambientes de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), el exhotel Radisson y la Dirección Nacional de tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Dntic).

En ese contexto, el jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Cnl. Luis Fernando Guarachi, manifestó que se evidenciaron contradicciones en las declaraciones de los exvocales, por lo que decidieron convocar a los choferes para que testifiquen.

A la vez, manifestó que se produjo una discusión entre los exvocales, después de que publicaron los resultados preliminares el 20 de octubre. Este incidente se presentó en el trayecto a las instalaciones de la extinta Corte Nacional Electoral, donde se encontraba la base de datos.

En este proceso, que involucra a por lo menos 30 personas, se recorrieron por lo menos cuatro instituciones, entre ellas el Servicio de Registro Civil (Serecí), la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y el TSE.

UNA AUDITORÍA

Tras el anuncio de una pericia internacional a la información disponible del fraude electoral del 20 de octubre de 2019, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que una empresa europea realizará ese trabajo y aseguró que ya tomó contacto con una compañía del sector, cuyo estudio determinará si hubo delitos electorales.

“El Ministerio Público ha logrado, por cuenta propia, tomar contacto con una empresa y, con los pocos recursos que tenemos, vamos a lograr cubrir los gastos que demande la pericia informática internacional”, dijo.

Aseguró que dentro de este caso se tiene como base un informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y afirmó se debe tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe.

FUENTE: PERIODICO BOLIVIA