Neldy Virginia Andrade Martínez, la exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que avaló la reelección indefinida del presidente Evo Morales en 2019,  trabaja    en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Minería (AJAM). 

 En la declaración jurada que presentó a la Contraloría General del Estado presentada el  26 de abril reportó que tiene un “total de bienes” por 1,2 millones de bolivianos. Su pasivos ascienden a 55.000 bolivianos , y un “patrimonio neto” de 1.184.780 bolivianos. 

El diputado opositor, Amílcar Barral, denunció que la magistrada recibió un “premio” por su lealtad al Gobierno. “La magistrada que aprobó la reelección inconstitucional de Evo Morales fue designada como autoridad jurisdiccional administrativa de la AJAM en Potosí” y  sería una  prueba  de que el Gobierno “comenzó a dar premios”.  

El expresidente Víctor Hugo Cardenas criticó la designación y en su cuenta Twitter escribió: “fue premiada con un cargo en la AJAM. Por lo visto, la sumisión política y las decisiones partidistas tienen premio. Y la idoneidad judicial, ¿importa algo?”.

En febrero,  Ruddy Flores, exmagistrado del TCP y que también firmó la sentencia que permite a Morales participar nuevamente en las elecciones de 2019, ocupa el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de tomar posesión del puesto declaró un patrimonio  neto de 3,3 millones de bolivianos, según la Contraloría.

Fuente: Página 7