Una investigación internacional apunta responsabilidades por la tragedia de la línea aérea LaMia y la muerte de 71 personas en 2016, a socios ocultos que estarían en esferas gubernamentales bolivianas. La pieza clave en este caso es el dueño de las aeronaves Ricardo Albacete, quien debería dar su declaración ampliatoria en las siguientes semanas, informó el abogado brasileño Josmeyr Oliveira.

Entrevistado por Erbol, Oliveira dijo que el empresario venezolano propietario de cuatro aeronaves que dieron origen a las operaciones de LaMia, confirmó en sus primeras declaraciones que más allá de los socios formales inscritos en Bolivia, existen otras personas muy ligadas a las altas esferas gubernamentales, aunque no dio ningún nombre todavía.

“Hay socios ocultos, (Miguel) Quiroga y Marco (Rocha) eran solo pantallas. Estamos investigando y en unas semanas vamos a tener novedades”, dijo el abogado de la Asociación de los Familiares de las Víctimas del Vuelo de Chapecoense – AFAV-C.

Quiroga fue el piloto que falleció en el siniestro y sobre quien recayeron las responsabilidades al no haber dado la alerta de carencia de combustible suficiente para llegar hasta la pista del aeropuerto internacional de Medellín.

A su turno, Rocha, a cuatro días del siniestro, declaró a medios argentinos, que solo eran dos los accionistas de la aerolínea, él y el piloto fallecido. “Somos dos nada más”, citó.

Sin embargo, el abogado reiteró que ambos “fueron colocados por instrucciones superiores” como socios para operar en Bolivia.

Oliveira agregó que Albacete habló con los familiares de las víctimas del Chapecoense confirmando que existen socios dentro del Gobierno boliviano y eso deberá revelarse en una declaración ampliatoria.

“Quién autorizó, quién tenía interés en que LaMia opere en Bolivia”, cuestionó.

Albacete es propietario de cuatro aviones acondicionados para vuelos chárter. Uno, el accidentado, otros dos que se encuentran retenidos en Bolivia, y una nave que está en Inglaterra.
Un documental difundido este fin de semana por la cadena norteamericana CNN en Español, mostró los antecedentes de LaMia y encontró relación con un empresario chino de nombre Sam Pa, que posiblemente tendría otros contratos con el Estado Plurinacional.

En respuesta al documental, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, calificó esas hipótesis como una “novela” muy mal construida.

“El proceso de investigación se llevó adelante de acuerdo al reglamento donde se produjo el accidente”, dijo a medios de cobertura, y agregó “somos respetuosos y vamos a seguir las investigaciones en ese sentido”.

La noche del 28 de noviembre de 2016, el vuelo chárter 2933 de la aerolínea LaMia se estrellaba en Cerro Gordo, a pocos kilómetros del aeropuerto de Medellín, por falta de combustible.

En la nave iban 77 personas: 47 jugadores, directivos e invitados del club brasilero de fútbol Chapecoense, 21 periodistas de medios y redes del Brasil y 9 miembros bolivianos de la tripulación.

Esa noche, 71 perdieron la vida en el impacto y arrastre del avión por la serranía colombiana que fue rebautizada con el nombre del aquel club deportivo; mientras 6 personas sobrevivieron, Alan Ruschel, Jakson Follmann y Helio Neto del Chapecoense, el periodista Rafael Henzel, la sobrecargo Ximena Suárez y el técnico de vuelo Erwin Tumiri.

Las investigaciones fueron desarrolladas, por jurisdicción, en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia que determinó imprudencia en el piloto Miguel Quiroga, quien no alertó sobre las deficiencias de combustible hasta que hubo una falla total, que derivó en la caída del avión y posterior colapso en el Cerro Gordo.

La unidad colombiana también reprochó la falta de cooperación oportuna de la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC de Bolivia, que no proporcionó la documentación requerida.

En Bolivia, la investigación responsabilizó a la jefa de despachos de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea – AASANA, Celia Castedo, por haber firmado el plan de vuelo de LaMia con la ruta de Viru Viru a Medellín sin escalas.

La funcionaria declaró que hizo observaciones que no fueron tomadas en cuenta por la tripulación e incluso que recibió “órdenes de arriba” para aprobar la salida de la nave. Castedo fue denunciada y por ello salió del país hacia Brasil donde obtuvo refugio.

Otros funcionarios de AASANA fueron detenidos, algo que podría activar responsabilidades en el propio Estado boliviano, en un eventual proceso de indemnización que las familias de las víctimas tienen en puertas.

El abogado Omar Durán, en radio Compañera FM, dijo que la demanda contra el Estado boliviano sería interpuesta por mil millones de dólares. Al haber reconocido el Gobierno central que hubo negligencia en las entidades estatales, el pago sería inminente, cubierto además, con el dinero de todos los ciudadanos.

Para el periodista Wilson García Mérida, refugiado también en Brasil, los nexos en LaMia se dieron a través del exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba, Ramón Quintana, el ministro Claros e incluso el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Oliveira agregó el apellido García Linera a esa lista.

FUENTE : VISOR BOLIVIA