El Alto, 10 febrero 2019 (radiolider97.bo).-
Por Edgar Ramos Andrade (*)

1. ABSTRACT – RESUMEN: Diez años, cuatro contratos, 326 millones de dólares, dos empresas (ArBol y Royal) para el inconcluso asfaltado de la troncal ruta Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, administrada por ABC, cuyos presidentes: Mullisaca, Villegas, Loayza, Sánchez y otros, tienen mucho por explicar, a las miles de víctimas y perjudicados de un posible “Lava jato boliviano”.

2. Parece maldición. En los Yungas pasamos, en 15 años de una “carretera de la muerte” a la “ruta de la tragedia” que nos golpea y despierta a la realidad: Una obra de asfaltado que nunca termina, 326 millones de dólares derrochados, muertes, desaparición de personas, y tragedia socioeconómica por una vía (mal) administrada por el gobierno central. ¿Por qué?

3. Primer contrato. Puente Armas, lugar de la reciente tragedia, es parte del camino “Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey” de 184 kilómetros. El contrato ABC N° 408/13 GLP-CON-VEN por $us.257.252.531 fue firmado en enero de 2010. Un sonriente Gerardo Ferreyra (empresario del grupo argentino Eling) presenció la suscripción junto a Evo Morales. La vía asfaltada debía entregarse en 2015 (Ver: www.abc.gob.bo/wp-content/uploads/2018/10/diseno_const_calidad_mant_stabarbara_caranavi.pdf). Venezuela financió la obra con $us.198 millones, y la Gobernación de La Paz con $us.60 millones. Fue ejecutada por el consorcio ArBol. El representante y gerente de obra fue Pablo Alejandro Nores Martínez.

4. ArBol falló varias veces. En 2013, ante “atropellos y despidos”, mil trabajadores de la obra hicieron paro, según denunció el dirigente Esteban Guarachi (Ver: erbol.com.bo/noticia/economia/02122013/trabajadores_de_arbol_paran_obras_en_ruta_de_los_yungas). Luego cesó de pagar a 500 microempresas de servicios para la obra: alimentación, alquiler de maquinaria, repuestos y otros (Ver: www.la-razon.com/ciudades/Subcontratistas-constructora-ArBol-piden-deudas_0_2093790605.html).

5. En agosto de 2015, en un Ampliado con dirigentes sociales en Caranavi, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que rescindir (anular) contrato (Ver: la-razon.com/economia/Rescinden-contrato-via-Quiquibey_0_2327167283.html). En septiembre de 2018 en Argentina fue detenido Gerardo Ferreyra, el empresario de la contratista ArBol, por sobornos de empresas a gobiernos, para adjudicarse millonarios contratos en el caso “Lava Jato argentino” (Ver: www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180803/caso-kirchner-salpica-2-empresas-que-ejecutaron-obras-bolivia).

6. Segundo contrato. En mayo de 2016, ABC contrató a la empresa Royal por Bs.475.479.365 ($us.68.316.000) con plazo de entrega de obra a febrero de 2018. (Ver: www.infosicoes.com/licitacion/administradora-boliviana-de-carreteras-regional-la-paz/construccion-de-la-carretera-santa-barbara-caranavi-rio-alto-beni-quiquibey-con-condicion-suspensiva-/nacional/346279/form-400.html). En enero de 2017 los “túneles gemelos” Cajones y Quenallata, tenían avance de 65%, según el superintendente de obra Carlos Molina ante periodistas en la obra (Ver: https://oopp.gob.bo/index.php/noticias/0,2091.html)

7. En septiembre de 2017, ABC lanzó la tercera contratación para “Servicio de fiscalización y control” para la construcción de esta carretera por Bs.3.000.000 ($us.431.034) según Proceso Cuce 17-0291-00-775449-1-2. Otra inspección se hizo en enero de 2018, con dirigentes de la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales, Federación Regional de Transporte Yungas, Transporte Interprovincial y Cofecay. El dirigente colonizador Félix Ajpi estaba satisfecho: “En tres meses hemos hecho dos inspecciones y a la primera se ha visto bastante avance, estamos contentos y se ha felicitado a la empresa por el empleo de equipo y a la ABC por la predisposición técnica de hacer seguimiento” (Ver: www.money.com.bo/construccion/1812-organizaciones-sociales-destacan-obras-en-carretera-santa-barbara-puente-beni). Para marzo de 2018, según ABC la obra tenía 71% de avance y que se canceló 85% del monto contratado (Ver: www.abc.gob.bo/wp-content/uploads/2018/08/avance_quiquibey.pdf). En octubre de 2018 se publicó la cuarta contratación por Bs. 999.998 ($us.143.678) para la “Conservación” de esta vía, según Proceso Anpe Cuce 18-0291-01-891806-1-1.

8. El 28 de enero de 2019, ABC comunicó a Royal su intención de rescindir (anular) contrato por “serias deficiencias que ponen en riesgo la conclusión de obras” (Ver: www.noticiasfides.com/economia/abc-expresa-intencion-de-rescindir-contrato-a-royal-por-retraso-en-via-santa-barbara-quiquibey-394691). Cinco días después, el sábado 2 de febrero, toneladas de tierra se deslizaron sobre la carretera en construcción, sector Puente Armas. No había señalización. El domingo 3 por la tarde, nuevo deslizamiento: Varios muertos, centenas de heridos, desaparecidos y miles de familias viajeras perjudicadas.

9. El lunes 4 de febrero de 2019, la diputada Concepción Ortiz y el dirigente colonizador Andrés Flores identificaron a la empresa Royal responsable de la tragedia, por incumplimiento. “Hubo mucho descuido. Si hubieran existido maquinarias de mantenimiento no hubieran ocurrido estos hechos", coincidieron. (Ver: www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0204&id=281109).

10. Conclusiones del problema de fondo:
a) Esta inconclusa obra le cuesta a Bolivia (hasta ahora): $us.326.143.243 y su manejo es muy dudoso, por impericia y posible corrupción. Los presidentes de ABC: Mullisaca, Villegas, Loayza y Sánchez, tienen mucho que explicar.
b) No estamos preparados para desastres como Puente Armas. Los rescatistas trabajan en total precariedad y la gente se lo dijo al escapista ministro Zabaleta, el jueves 7 en Caranavi.
c) El gobierno demostró nueva segregación a los Yungas, y este es un caso parecido a CAMC (el de Gabriela, la novia del Presidente) por favores partidarios a ciertas empresas.
d) Los dirigentes sociales, serviles al gobierno aparecen como posibles cómplices de este derroche.
e) Miles de personas, o transportistas de pasajeros y carga, que viajan por tierra, de o hacia: Cobija, Guayaramerín, Ixiamas, San Buenaventura, Riberalta, Alto Beni, Palos Plancos, Caranavi, y cientas de colonias y comunidades, están severamente dañadas o perjudicadas.
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(*) Edgar Ramos Andrade. Comunicador e Investigador Social. Autor de “Neoliberalismo Mediático” (El Alto 2011) entre otros libros.