A través del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el gobierno de Luis Arce pretende “controlar cada grano sembrado y su cosecha, cada litro de leche y cada huevo producidos para perseguir y penalizar al productor. Buscan destruir a los agropecuarios, obligarnos a importar alimentos y generar una crisis alimentaria sin precedentes”, denunciaron hoy la senadora Centa Rek y las diputadas María René Álvarez, Haidy Muñoz y Verónica Aguilera, todas de la Alianza Política Creemos.

La legisladora especificó que el articulo adicional séptimo, en su parágrafo segundo, del PGE, busca establecer que “todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada”.

Rey considera inadmisible “esta intentona gubernamental que busca controlar las cadenas productivas de alimentos esenciales, desde su siembra, cosecha, hasta su distribución”. 

Al respecto, las legisladoras remitieron notas a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra , pidiendo un correcto tratamiento del PGE 2025, señalando que es importante que la Asamblea Legislativa revise, debata y modifique el PL del PGE-2025, eliminando todo articulo atentatorio de los intereses de la ciudadanía, peor aun cuando existe la posibilidad de generar una crisis alimentaria, por las amenazas de controles y confiscaciones que se pretende imponer al sector productivo nacional.

“Es inadmisible que un proyecto de ley del gobierno establezca amenazas contra el sector productivo nacional y que pretenda obligar a informar sobre toda su producción con "declaraciones juradas" que pueden ser utilizadas como documentos de persecución en su contra”, señala Rek.

“El PGE pone en evidencia la gravedad de la situación económica en Bolivia. Lejos de ser una herramienta técnica que responda a las necesidades reales de la población, refleja un intento deliberado del Órgano Ejecutivo por encubrir la crisis económica estructural que atraviesa el país, mientras profundiza prácticas inconstitucionales y centralistas que atentan contra los principios democráticos y la sostenibilidad fiscal”, acusan las legisladoras Rek, Alvarez, Muñoz y Aguilera (Foto: ABI).