“Las medidas de control, fiscalización, confiscación o decomiso de alimentos por elevación de costos, previstos en la disposición adicional séptima del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no están dirigidas a los productores”, afirma el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en respuesta a los directivos de las 18 asociaciones de agricultores, agropecuarios y agroindustriales que forman parte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
La CAO rechazó considera que el PGE 2025 abre paso a la “intervención indiscriminada” del Estado en las cadenas productivas al establecer que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales”, las entidades competentes, podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, “a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Además, la propuesta del PGE establece que: “Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”, conforme a la reglamentación emitida por los ministerios pertinente.
Al respecto, el ministro Montenegro respondió que “el espíritu de este artículo no es el de estigmatizar a los productores y a los buenos intermediarios”, sino que está dirigido contra “aquellos malos operadores que se dedican al agio y la especulación, actuar contra quienes se dedican a la especulación, ocultando productos o sacándolos del país vía contrabando”.
Montenegro justificó la inclusión de esta disposición en el PGE porque responde a una demanda ciudadana, que exige un esquema de control contra el agio y la especulación.