“Esos terrenos nos pertenecen a 153 trabajadores de la Universidad Católica, no es que le pertenecen a la Universidad Católica como institución, sino que somos funcionarios, trabajadores, porteros, administrativos, 153 familias que en 1997 hemos adquirido esos terrenos”, explicó a la Agencia de Noticias Fides la representante legal de esos trabajadores, Carmen Marlene Terán.

Los terrenos ubicados en Bajo Llojeta, zona que la noche del sábado 23 de noviembre fueron afectados por la mazamorra que cubrió 40 viviendas y se causó la muerte de una niña de cinco años. La Alcaldía responsabilizó a la Inmobiliaria Kantutani de ejecutar movimientos de tierra no autorizados, material que fue arrastrado por el agua. Por el hecho, todo un vecindario acabó cubierto de lodo y los alcaldes Iván Arias, y el de Achocalla, Manuel Condori, son investigados, el segundo detenido de forma preventiva.

“Los 153 trabajadores tenemos el derecho propietario debidamente inscrito en Derechos Reales, hemos estado desde 1997 tratando de construir en aquellos terrenos adquiridos de la empresa Paradigma, pero el Gobierno Municipal no nos permitió construir en su totalidad, con el argumento de que se trataba de terrenos de vizcachinas y que era una zona paisajística”, contó Terán.

La abogada explicó, además, que el embovedado de la zona fue construido gracias al aporte de los trabajadores de la UCB que adquirieron esos terrenos, los cuales fueron “avasallados” por los vecinos que en la actualidad tienen sus casas en la zona.

La representante legal indicó que las autoridades de la actual gestión de la municipalidad están al tanto de estas presuntas irregularidades, por lo que piden que el tema sea esclarecido en favor de quienes reclaman la propiedad de los terrenos.