Afirman que un preso fue golpeado con unas pesas hasta que perdió el control de su esfínter. Señalan al Consejo de Delegados de San Pedro por el cobro de “seguros de vida” y tienen el poder de ingresar drogas, licor y hacer fiestas. “Todo es plata”, aseguran.

Esposas y familiares de 10 privados de libertad del penal de San Pedro acusan a funcionarios de Régimen Penitenciario y a personal policial de encubrir al delegado de ese recinto, Kevin Fernández, a quien señalan como el verdadero autor de la muerte de otro interno y la golpiza de otro, hecho ocurrido el 26 de febrero. Afirman que los reclusos fueron trasladados a otros recintos del país, inculpados por un crimen que no cometieron, temen por sus vidas.

“El kiwi, este Kevin Fernández es el verdadero asesino. Él, junto a los (reos que trabajan como) disciplinas, lo han matado. Con las pesas lo han golpeado en la barriga hasta que el joven (Jhonny R.P.) se ha hecho baño por los golpes. Ahora, como él (Fernández) es el que manda en San Pedro ha elegido a otros (reos) para que los acusen a ellos y los han llevado a otras cárceles, donde los pueden matar para que no denuncien lo que ha pasado” es el testimonio que una de las esposas de los internos dio a Página Siete.

El grupo de familiares de reclusos que se siente afectado pidió no ser identificados, consideran que hay un gran riesgo para los internos y para quienes hacen estas denuncias, pero las constantes extorsiones económicas de los delegados, el temor porque alguno sea asesinado en otra “pelea” y el “desinterés y la corrupción” entre jueces y fiscales los llevó a tomar acciones.

El jueves protestaron en puertas de la cárcel de San Pedro. Luego de varios reclamos, protestas y ante la presencia de los periodistas, un grupo de los familiares logró ingresar a hablar con personal de Régimen Penitenciario, pero no se resolvió su pedido: el retorno de los 10 privados de libertad al penal de San Pedro.

Respuesta a la denuncia

“10 privados de libertad han sido trasladados a Cantumarca (Potosí), Chonchocoro (municipio de Viacha) y a El Abra (Cochabamba) por tres conductas. Uno, por la investigación por el deceso de un privado de libertad (Jhonny R.P) y agresiones a otros, por presuntas extorsiones (a otros reclusos) y por la venta de celdas de espacios públicos, que son hechos lucrativos que no podemos permitir”, afirmó el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero.

Sobre las acusaciones de un presunto encubrimiento en favor del presidente del Consejo de Delegados de la cárcel de San Pedro, Romero dijo que la investigación por el homicidio de Jhonny R.P. está en manos de la Fiscalía, instancia que determinará el grado de responsabilidad de los implicados.

Romero se limitó a informar que, en cuanto a la responsabilidad de los policías, tres uniformados que estaban de turno el 26 de febrero en San Pedro, día en que Jhonny R.P y otro recluso fueron brutalmente agredidos en la Sección Guanay, están investigados en un proceso disciplinario.

Crucifixiones con hijos

Consultados sobre qué pasará si sus reclamos no son atendidos, los familiares respondieron que protestarán todos los días y asumirían medidas extremas. “Me voy a crucificar aquí, frente a la cárcel, voy a venir con mis cuatro hijos. Él (el recluso llevado a otro penal) es el padre de mis hijos, no lo puedo dejar tirado como a un perro. Haré huelga de hambre con mis hijos, a ver si así nos tienen un poco de consideración”, señaló una de las esposas.

Afirmó que su pareja estaba en San Pedro por un delito que no cometió, y ahora se le abrió otro por la muerte del recluso el 26 de febrero.

Una madre de familia señaló que no tiene recursos para viajar hasta Potosí y contratar allá otro abogado para su hijo. “Allí lo pueden matar, por venganza, nuevamente me van a cobrar seguro de vida y alquiler de la celda ¿de dónde voy a sacar tanta plata?”, lamento la mujer.

Minimizaron la muerte

El director departamental de Régimen Penitenciario, Franz Laura, minimizó los dos casos. Un día después de esos hechos, Laura declaró a los medios y aseguró que, en una revisión al cuerpo del recluso fallecido, éste no presentaba signos de violencia y que su muerte se dio “de forma repentina” luego de que se presentara en sanidad con un dolor de estómago.

Laura clasificó esa muerte como una “muerte por enfermedad”, pero al día siguiente el informe forense los desmintió. El fiscal Edwin Sarmientos se reveló que Jhonny R.S. de 32 años, quien estaba detenido por rapto, falleció por una hemorragia interna y presentaba múltiples hematomas.

Desatención de la Defensoría

“Régimen Penitenciario ha trasladado (a otras cárceles) a 10 reclusos inocentes, que no estaban en el lugar cuando lo han golpeado (a Jhonny R.P.). Los que lo mataron siguen aquí (en la cárcel de San Pedro), gozan de protección de la Policía. ¿Por qué? Porque les pagan. Todo es plata, sino tienes plata no tienes derechos, pero si pagas tienes privilegios con los delegados”, protestó otra familiar.

Los familiares lamentaron que, pese a todos los reclamos y las publicaciones de los medios de comunicación, el responsable de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, no tomó ninguna medida de protección para las víctimas. Observaron que el segundo reo que fue golpeado, primero fue aislado en el sector Grulla, pero que esta semana “sorpresivamente” logró su libertad.

“El testigo ahora está libre, nadie sabe dónde lo podremos encontrar, repentinamente dan libertad al que podía identificar a los asesinos ¿Eso no es protección al Kiwi?”, reclamó una de las mujeres que protestaban ayer en puertas de la cárcel.

“¿Qué hace la Defensoría? Nada, pasan comunicados, dicen que están pidiendo informes, pero no nos atienden cuando vamos a su oficina y nadie viene a hablar con nosotros. Todo pasa en sus narices, su oficina queda a una cuadra y no saben nada”, reclamó un padre de familia.

Página Siete consultó sobre el tema en la oficina regional de la Defensoría, en La Paz, desde donde se limitaron a señalar que pedirían un informe a la Fiscalía; 18 días después del homicidio, la Defensoría del Pueblo no dio dato alguno sobre los implicados, los motivos de las agresiones y la responsabilidad de los funcionarios de Régimen Penitenciario.

Extorsiones

Los familiares afirmaron que el delegado de San Pedro, Kevin Fernández, tiene un mandamiento de libertad a su favor, desde hace un mes, supuestamente porque ya cumplió su condena por narcotráfico.

“¿Por qué no quiere irse de la cárcel?”, cuestionaron las mujeres. Sostienen que Fernández no se va de la cárcel debido a que administra el cobro de “los seguros de vida” a las personas que ingresan por primera vez a la cárcel.

Señalan que los montos van desde los 2.000 bolivianos hasta los 20.000 dólares en secciones como la Posta y que es dinero es repartido entre los delegados de la cárcel, los policías y funcionarios de Régimen Penitenciario.Señala que todos los reclusos que ingresan deben pagar un “derecho de piso”.

La primera extorsión es por el “seguro de vida”, para no ser golpeado, cobro que es más exigido para detenidos por violación, feminicidio o un hecho grave, “para que no les hagan lo mismo”.

“Luego, les cobran para ir a una sección, la Posta dicen que es la más segura y la peor es población, en la Cancha, allí cualquier drogadicto te puede matar”, denuncian los familiares.

Los abusos no terminan ahí, de lograr ser admitido en una sección segura, luego viene el cobro por el alquiler de una celda o por su compra. “Todo es plata, no hay justicia, pero para sacar plata todos son buenos”, repite otro de los familiares.

 

Vía: Página Siete