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51 de 56 municipios cruceños tiran su basura en botaderos a cielo abierto

La Paz, 11 de febrero (www.radiolíder97.bo) .- A cuatro kilómetros del pueblo de Pailón, una montaña de basura atrae a perros y buitres que merodean en busca de comida. También hay algunas personas que se abren paso en medio de los desechos y sus jugos malolientes, tratando de rescatar algo que se pueda vender. Es el basurero municipal, habilitado hace 20 años, que diariamente recibe cinco toneladas de basura domiciliaria que queda expuesta al aire libre. De vez en cuando alguien le prende fuego intentando aminorar el volumen, una práctica que no ha cambiado en dos décadas de funcionamiento y que se repite en casi la totalidad de los municipios cruceños.

Pese a que la Ley 755, de Gestión Integral de Residuos, fija hasta el 2020 como plazo para que todos los basureros del país sean cerrados y reemplazados por rellenos sanitarios, de los 56 municipios que hay en el departamento cruceño solo ocho cuentan con licencia ambiental para la construcción de sitios que reúnan las medidas de mitigación medioambientales, según la Gobernación de Santa Cruz.

Durante los últimos dos años, la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación se dedicó a realizar un diagnóstico sobre la gestión integral de residuos sólidos en todo el departamento. Los resultados del estudio, al que accedió EL DEBER, dan cuenta de que, de los 56 municipios, solo Santa Cruz de la Sierra tiene un relleno sanitario operando (Normandía), mientras que cuatro (Montero, La Guardia, El Torno y Porongo) cuentan con vertederos controlados, es decir, entierran su basura aunque con escasas medidas de mitigación; el resto, es decir 51, echa sus desechos en botaderos a cielo abierto.

La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, Cinthia Asín, informó de que, según este diagnóstico, de todos los municipios cruceños, 29 de ellos no pueden adecuar sus actuales vertederos, por lo que tienen que cerrarlos hasta el 2020.

En tanto que 24 pueden ser readecuados y convertidos en rellenos sanitarios. De todos ellos, solo Okinawa 1, Yapacaní, San Juan, Portachuelo, Pampa Grande, Fernández Alonso, Comarapa y Santa Cruz de Sierra ya cuentan con licencia ambiental para sus nuevos rellenos sanitarios, lo que significa que cumplen con uno de los principales requisitos exigidos para su implementación, con miras al cierre de sus vertederos actuales. San Julián ha iniciado los trámites para obtener este permiso.

Asín hizo notar, sin embargo, que, con excepción del municipio cruceño, ninguno de los que tienen licencia ha iniciado actividades de construcción de los rellenos sanitarios. El estudio también arrojó que 12 comunas están elaborando o actualizando sus proyectos para los rellenos, mientras que 32 no tienen nada al respecto.

La secretaria de Medio Ambiente indicó que esta situación no deja de preocupar porque la Ley 755 fija el 2020 para el cierre de todos los botaderos en el país y su reemplazo por lugares que cumplan todas las medidas de mitigación medioambientales. La Gobernación ha enviado notificaciones a los gobiernos municipales para recordarles que deben cumplir con la normativa, sostuvo Asín.

Una mirada a diez municipios

En San Javier, el botadero está situado a cinco kilómetros de la mancha urbana. Es una poza donde diariamente se depositan diez toneladas de residuos sólidos que cada vez queda más chica por el incremento de basura dado el aumento poblacional. En Ascensión de Guarayos hay un botadero, en un terreno que abarca cinco hectáreas, donde van a parar los desperdicios del 20% de los hogares que hay en esa localidad.

Allí la mayoría de los pobladores aún acostumbra enterrar o quemar sus desechos. Cuatro Cañadas, San Matías, Concepción y Yapacaní tienen espacios similares, al igual que San José de Chiquitos, donde cavan fosas para su entierro. San Javier, Ascensión de Guarayos, San José, Vallegrande y San Ignacio de Velasco trabajan con miras a la implementación de rellenos sanitarios, pero San Ignacio de Velasco es uno de los que tiene mayor avance en este tema, ya que ha contratado a la empresa Análisis PEC SRL para que haga el proyecto a diseño final para la gestión integral de los residuos sólidos para los próximos 30 años, informó Ibis Gómez, responsable de la Unidad de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Ignacio de Velasco.

Empero, aún no tiene licencia ambiental. Vallegrande ha puesto en marcha un proyecto de clasificación de la basura en los domicilios, lo que permite reducir el volumen de residuos que va al botadero de Kari Kari. Este proyecto cuenta con el apoyo de Jica y Difar, de Japón.

Cuatro Cañadas ha adquirido un terreno de diez hectáreas para su relleno sanitario, informó el responsable de la Unidad Agropecuaria, Tim Flores.

En el país

Datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua señalan que 23 de los 337 municipios del país cuentan con un relleno sanitario. De los 23 rellenos sanitarios, solo 16 están en funcionamiento. El resto continúa operando en botaderos a cielo abierto.

PORONGO TIENE HASTA FIN DE MES PARA CERRAR SU BOTADERO, QUE SE ENCUENTRA PRÓXIMO AL RÍO PIRAÍ

Porongo tiene hasta el 28 del presente mes para cerrar su botadero municipal, por lo que a partir del 1 de marzo debe llevar sus residuos a otro lugar. Esa es la fecha límite que ha puesto la Gobernación cruceña, tras un diagnóstico sobre la situación de los residuos sólidos. El problema en este municipio radica en su proximidad al río Piraí; la fosa cerca del río y los lixiviados que despide son altamente contaminantes de los cursos de agua.

“El basurero de Porongo por su capacidad de carga no puede recibir más residuos sólidos y porque está cerca de una fuente de agua. Debe cerrarse hasta fin de mes y la basura debe ser llevada a otro vertedero”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, al agregar que las autoridades de Porongo ya han sido notificadas.

Fernando Ledezma, de Medio Ambiente de la comuna de Porongo, indicó que la situación les preocupa, por lo que están haciendo las gestiones para buscar otro vertedero. Santa Cruz de la Sierra es otro con fecha de cierre del vertedero de Normandía. Debe hacerlo hasta el 30 de junio.

ANÁLISIS | “Deberían estar en proceso de adecuación”

Sandra Quiroga, ingeniera ambiental

Todos los municipios del país deberían estar ya en proceso de adecuación a la Ley 755, de Gestión Integral de Residuos, promulgada en 2015, que fijó cinco años de plazo, a cumplirse en 2020, para que los municipios cuenten con nuevos sitios de disposición final de residuos sólidos o rellenos sanitarios.

Hasta la fecha, es decir, a un año de cumplirse este plazo, todos ya deberían estar tramitando sus licencias ambientales o contar con ellas. Sin embargo, los datos muestran que la mayoría aún no tiene licencia ambiental para sus rellenos sanitarios y cuenta con basureros a cielo abierto, que son fuentes de contaminación.

Por citar algunos ejemplos, el basurero de Porongo está a pocos metros del río Piraí, contaminando sus aguas; el de El Torno contamina los suelos y napas freáticas de áreas pobladas, mientras que el de Cotoca está en pleno centro urbano, lo que genera vectores peligrosos para la salud.

Lo grave de esta situación es que en estos botadores se depositan todo tipo de desechos, desde compuestos químicos hasta metales pesados que tienen efecto nocivo para la salud humana. Los productos químicos que generan tienen efecto cancerígeno y sus consecuencias sobre el sistema pulmonar, cardiovascular, reproductivo provocan alergias. Pero, además, está el daño medioambiental.

La generación de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de carbono, son propulsores del cambio climático. Otros gases que generan estos basureros son el tetracloroetileno, cloroformo, benceno, etc. Estos basureros contaminan los suelos y la napa freática, modifican el paisaje, generan malos olores, contaminan el aire y provocan la proliferación de vectores.

FUENTE : EL DEBER 

Publicado el 11/02/2019

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