La Paz, Bolivia (8 de enero 2026). – El alcalde de Tarija, Johnny Torres, cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de limitar al 20% la disposición y uso del presupuesto 2026 de gobernaciones y alcaldías del país, calificando la medida como “totalmente anti autonómica” y contraria a los principios de descentralización establecidos en la normativa vigente.

Según la autoridad municipal, esta determinación evidencia una crítica situación financiera del nivel central del Estado. “Lo que el Gobierno está mostrando es que no tiene dinero y, en los hechos, está tomando prestados recursos de los gobiernos departamentales y municipales para poder seguir funcionando hasta generar ingresos”, afirmó Torres, advirtiendo que la crisis fiscal está siendo trasladada a las entidades subnacionales.

A raíz de esta disposición, el alcalde informó que la Alcaldía de Tarija se declaró en estado de emergencia y exhortó al Ejecutivo a abrogar de inmediato la medida. “Mientras más tiempo pase, las consecuencias serán graves e irreversibles”, alertó, al señalar que la planificación y ejecución de gastos esenciales ya se encuentran comprometidas.

Torres explicó que la restricción presupuestaria afecta directamente la adquisición de insumos, mobiliario y equipamiento necesarios para garantizar el inicio del año escolar previsto para febrero, así como la compra oportuna de medicamentos para los centros de salud del municipio. Además, advirtió que la renovación de contratos de cientos de consultores en línea está en riesgo, lo que podría derivar en procesos legales contra la Alcaldía.

En ese marco, recordó que recibió la administración municipal con cerca de 1.500 consultores en línea, cifra que logró reducir a aproximadamente 750 como parte de un proceso de racionalización del gasto. No obstante, señaló que la actual limitación presupuestaria pone en peligro la continuidad laboral de ese personal y la prestación regular de servicios municipales.

Finalmente, el alcalde indicó que la medida también impacta en la compra de combustibles necesarios para el funcionamiento operativo del municipio, problema que se agrava por el incremento de precios derivado del Decreto Supremo 5503. En ese contexto, reiteró su llamado al Gobierno nacional para revisar la disposición y respetar la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales.