“Es muy ambicioso (lo que buscamos) y aunque no tenemos fecha para alcanzar este objetivo, por supuesto que es posible; sin embargo, necesitamos del concurso de toda la población, aquí tienen que ver los municipios, la gobernación y el mismo gobierno central, tiene que haber un mayor compromiso, pero (ahora también) hay debilidades”, dijo Beatriz Zegarrundo, secretaria Departamental de Desarrollo Social.

 

Para alcanzar su meta, la administración departamental encontró en Unicef uno de sus brazos de apoyo y, de hecho, en una primera etapa de colaboración, esta institución internacional dio un apoyo económico de alrededor de medio millón de bolivianos.

(Beatriz Zegarrundo)

 

En ese marco, inicialmente se hizo un diagnóstico acerca de la “estructura funcional de los servicios sociales de atención y protección DNA (Defensoría de la Niñez y Adolescencia) y SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales) de todos los municipios del departamento de La Paz”.

 

Este diagnóstico mostró una radiografía de los servicios implementados y se evidenció varias dificultades –o debilidades como dice Zegarrundo– en el cumplimiento de las normas en los municipios del departamento paceño para hacer funcionar mínimamente los servicios de DNA y SLIM.

 

“En cada municipio debería existir una defensoría de la niñez y adolescencia, como también un servicio legal integral, así dice la ley y así debería ser. Pero en este diagnóstico hemos evidenciado que no cuentan con una DNA los 87 municipios de La Paz. Eso ha sido para nosotros un tema muy alarmante porque son estas instancias técnicas las que tienen que registrar todos los casos que se presenten en su municipio, estamos hablando de violencia psicológica, violencia sexual, violencia intrafamiliar, etcétera”, lamentó.

 

Según el detalle de los datos del mencionado diagnóstico –que corresponde al 2016– el 9% de los municipios del departamento de La Paz no cuenta con ningún servicio social de atención y protección (es decir, ocho municipios de los 87).

 

En cambio, otro 9% de municipios sí tiene servicios de DNA y SLIM por separado, tal como establece la normativa. El 11% tiene solamente DNA.

 

El 2% brinda el servicio en la modalidad de plataformas de atención (La Paz y El Alto) y las mismas están compuestas por servicios de DNA y SLIM.

 

Pero lo que llama la atención en este estudio es que la gran mayoría, vale decir el 67% de los municipios, cuenta con servicios fusionados, lo cual significa un mismo servicio para atender tanto los casos referidos a las competencias de la DNA y el SLIM.

 

“La fusión de los servicios puede responder a varios motivos, como la carencia de recursos municipales o la infravaloración de éste tipo de servicios. (Pero) lo cierto es que los servicios fusionados también traen consigo consecuencias, como la saturación de casos o la falta de especialidad para la atención, ya que al atender ambos servicios el abanico de problemáticas se amplía”, alerta el estudio de la Gobernación.

 

El restante 2% de los municipios no participó del diagnóstico.

(Cuadro elaborado por la Gobernación de La Paz)

 

El departamento de La Paz cuenta con un total de sólo 136 funcionarios que trabajan en los servicios sociales de atención y protección a la niñez (sin contar La Paz y El Alto).

 

“Este número da cuenta de la carencia de personal, ya que los municipios tuvieran los servicios fusionados con al menos un equipo multidisciplinario completo (un trabajador social, un psicólogo y un abogado) existirían al menos 231 funcionarios, mientras que, si se contara con un equipo completo para DNA y otro para SLIM deberían ser 462”, remarca el estudio.

 

Las DNA son las Defensoría de la Niñez y Adolescencia y SLIM son los Servicios Legales Integrales Municipales.

 

De los 136 funcionarios, el 40,44% está constituido por abogados, lo que refleja la concepción de la resolución de conflictos por vías legales, infravalorando los aportes desde la psicología y el rol de especialistas en trabajo social.

 

Además, los datos revelan que sólo el 18,99% de los municipios del departamento cuenta con equipos multidisciplinarios completos (trabajador social, psicólogo y abogado), mientras el 49,37% de los municipios atiende con un solo funcionario (que incluso en algunos casos no es profesional) y el 29,11% tiene dos funcionarios.

 

“Por tanto, el 78,48% de los municipios (en este tipo de servicios) no cuenta con el personal adecuado y normado por Ley”, concluyó el diagnóstico.

 

 

Otro problema que se atraviesa en el largo camino de búsqueda de eliminación de la violencia infantil, es la modalidad de contratación de funcionarios para los servicios sociales.

 

El 55% de los funcionarios fueron contratados como consultores, el 24% tiene contratos eventuales y solamente el 14% cuenta con ítem. Mientras el 7% de los funcionarios no respondió a esta pregunta.

 

Estos datos demuestran el bajo porcentaje de la estabilidad laboral de los funcionarios, que directamente influye en la atención eficiente de los servicios sociales.

 

“A un gran porcentaje de los funcionarios se los contrata por tres meses o por seis meses y eso hace que no haya un seguimiento a los diferentes casos de violencia que se presentan. En algún municipio se presentó la violación a un menor y el abogado contratado por sólo tres meses no pudo resolver el caso en ese corto tiempo y cuando terminó su contrato vino otro profesional que tuvo que empezar nuevamente de cero, incluso se revictimizó al menor porque tuvo que volver a dar su testimonio y eso también para nosotros es un dato alarmante”, manifestó Zegarrundo.

 

 

En el departamento paceño, el 66% de los servicios DNA y SLIM funciona en infraestructura compartida, el 14% tiene ambiente destinado exclusivamente para estos servicios. Mientras el 20% de los municipios no proporcionó información sobre este punto.

 

Estos datos demuestran la poca disponibilidad que tienen los municipios para destinar un ambiente propio para el funcionamiento de los servicios de atención de temas tan delicados como la violencia y la falta de predisposición en inversión.

 

Sin embargo, los servicios de atención y protección son fundamentales porque trabajan con personas que merecen ser atendidas en buenas condiciones y con la privacidad que corresponde.

 

Entonces la falta de infraestructura es otra debilidad que preocupa.

 

 

El 40% de los servicios sociales no hace uso de un manual de funcionamiento o protocolo de atención a las víctimas de violencia.

Según el diagnóstico de la Gobernación, cada funcionario o servicio tiene criterios propios sobre los procedimientos de atención de los casos.

 

En cambio, el 29% de los servicios municipales asegura que cuenta con un protocolo de atención y el 31% no dio datos sobre este punto.

 

 

La mayoría de los funcionarios de DNA y SLIM (56%) señalaron que los recursos asignados no son suficientes, por tanto, no responden a las necesidades en el servicio que ofrecen.

 

Pero también llamó la atención que el 41% no haya querido responder a la pregunta sobre el presupuesto, lo que puede significar, según el estudio o diagnóstico, desconocimiento o simplemente evitar dar opinión sobre el tema.

 

Y sólo un porcentaje mínimo (3%) de los funcionarios aseguró estar conforme con la asignación de los recursos.

 

Por tanto, “estos datos son relevantes (porque demuestra) la insuficiencia de recursos y compromiso de los gobiernos municipales con los servicios sociales de atención y protección, lo que incide en el óptimo cumplimiento de la normativa, ya que invertir en lo mínimo necesario no implica la calidad de su cumplimiento”, concluyó el diagnóstico.

 

 

Las defensorías municipales de la niñez y la adolescencia se crearon el año 1997 para promover, proteger y defender los derechos de los menores.

 

Su funcionamiento es responsabilidad de los municipios, según las normativas vigentes como la Ley 482 de Gobiernos Municipales, la Ley 031 de Autonomías y la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).

 

El artículo 185 de la Ley 548 indica de manera expresa que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente de los Gobiernos Municipales, que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídico gratuitos para garantizar a las niñas, niños y adolescentes la vigencia de sus derechos.

 

El artículo 187 señala que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá organizarse y establecer su funcionamiento como servicio único e indivisible, de acuerdo con las características del municipio tomando en cuenta al menos la densidad demográfica, demandas, necesidades y capacidades. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán garantizar el servicio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en su jurisdicción.

 

Asimismo, se determina en esa Ley que este servicio debe ser atendido por equipos multidisciplinarios constituidos por psicólogos, abogados, trabajadores sociales y otros profesionales relacionados con la temática.

 

El equipo integral debe brindar atención en orientación y apoyo en temas de asistencia familiar, maltrato psicológico, maltrato físico, abandono de menores, entre otros.

 

Este tipo de normativas se encuentran respaldadas por la Constitución Política del Estado, así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados en el Estado boliviano.

 

El Estado Plurinacional declaró como prioridad nacional la erradicación de toda forma de violencia.

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