Más de 70 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y una veintena de activistas, docentes, investigadores conforman la Comunidad del Agua que emitió un pronunciamiento sobre los incendios forestales, en el mismo exigen a todas las autoridades e instituciones del Estado que asuman ocho acciones para impedir que cada año la amazonia boliviana sea víctima del fuego. Una de esas acciones es la paralización inmediata de la distribución de tierras fiscales y predios con autorizaciones de quemas. 

“Desde la Comunidad del Agua no queremos paliativos, exigimos acciones de fondo, medidas concretas y urgentes para que esta historia no se repita cada año con peores consecuencias”, señala el pronunciamiento.

Añaden que “tampoco se puede permitir la aprobación o autorización de ninguna actividad agrícola, pecuaria o asentamientos en las áreas afectadas por los incendios para evitar que con este incentivo se sigan expandiendo las quemas. Exigimos la aprobación de una pausa ecológica para dimensionar el daño ambiental, y ejecutar Planes de recuperación forestal en todas las áreas afectadas por incendios forestales”.

Este el resumen de las otras demandas de la Comunidad del Agua: abrogación inmediata del paquete de leyes incendiarias, revertir tierras a favor del Estado sin derecho a indemnización alguna, de propiedades medianas y grandes donde se hayan registrado desmontes ilegales y quemas. Sancionar los delitos ambientales, la Procuraduría, el INRA; la ABT y el ministerio público deben iniciar procesos para sancionar a los autores intelectuales y materiales. Aprobación de una pausa ecológica para dimensionar el daño ambiental, y ejecutar Planes de recuperación forestal en todas las áreas afectadas por incendios forestales. Una campaña nacional de socorro y solidaridad y fondos especiales para llegar con ayuda inmediata y efectiva desde el gobierno central, departamental para apoyar a todos los municipios y comunidades afectadas. Garantizar la libre determinación y respetar la vocación agroecológica de los municipios a pueblos indígenas y comunidades que luchan por defender sus territorios contra la minería, la deforestación, la contaminación del agua.

Finalmente, señalan que en vez de referéndums distractivos y costosos el gobierno debe escuchar y obedecer al pueblo, por lo que más bien debe organizarse una consulta popular por la vida, para definir estrategias de acción orientadas a atacar y resolver las causas estructurales que originan los incendios

Fuente: Radio Líder 

Foto: El Diario